La expulsión de los moriscos de la capital del Santo Reino

A finales de 1609, después de finalizar la denominada Guerra de las Alpujarras organizada por los moriscos granadinos contra el reino español, del que éste último salió vencedor, su majestad Felipe IV ordena a Juan de Mendoza, marqués de San Germán, a que prepare la misma armada de galeras y naves que se habían ocupado de la expulsión de los moriscos en el levante para expulsar a los moros de Murcia, Jaén, Villa de los Hornachuelos y el resto de Andalucía.

Ante este hecho, el caballero veinticuatro de Jaén, don Pedro del Salto Valtodano, apoyado por el otro caballero don Ambrosio del Águila, comienzan a denunciar a los moriscos de la ciudad. Este grupo perseguido por el reino cristiano estaba sometido a un tipo de servicio especial o a impuesto, por lo que días antes de la publicación del bando llegó a la capital del Santo Reino un reputado genovés para cobrar una cantidad extraordinaria a la casa consistorial de Jaén con el fin de que indemnizara económicamente a los futuros moriscos expulsados.

Tras la publicación del bando municipal, el cabildo de la ciudad se reunió días más tarde de forma extraordinaria para decidir consultar con la corte real las dudas que suscitaron dicha orden de Felipe IV.

La población morisca representaba el 10 por ciento de los vecinos de nuestra ciudad. Todos ellos tuvieron que dejar sus bienes en manos cristianas, quienes se encargaron de su gestión en los siguientes años. Todos debían dirigirse a tierras africanas. Aquellos que salieron por Málaga se establecieron en países como Argelia, Marruecos y Túnez.

Sin embargo, el 6 de septiembre de 1613 el corregidor de Jaén recibió una carta del conde de Salazar en la que se quejaba de que en Jaén y su término no se respetó el bando ordenado desde Madrid y exigía el cumplimiento del mismo, como así sucedió.

Una crónica negra de nuestro país como tantas veces ha sucedido con diversos colectivos a lo largo de nuestra historia.